Crónica Periodística
Ante el golpe devastador de la pandemia que acentuó los problemas estructurales del país, Costa Rica tiene desafíos cada vez más complejos. La crisis fiscal y la inversión en el sector público ponen en riesgo el baluarte tico: la estabilidad, la seguridad social y el desarrollo humano, en medio de un impasse electoral que plantea más incertidumbres que certezas. Aunque por el momento la “pura vida” está a salvo, la democracia enfrenta las horas más difíciles que haya padecido en décadas.
Milagros Rocha dice que recordar sus días de cuarentena le erizan la piel, pero como vivaracha que es, corrige casi de inmediato en tono sarcástico: “más bien se me eriza el bolsillo”, suelta y se carcajea. No muchas personas tienen la virtud de reírse de sus propias desgracias, sobre todo cuando, tras siete meses de confinamiento por la Covid-19, los ahorros se han agotado. Es lo que le pasó a esta madre soltera de 37 años, quien trabaja como jefa de piso en un restaurante de San José, Costa Rica.
“El área gastronómica se ha fracturado totalmente. Al recibir tanta afluencia de público, lo primero que hicieron fue cerrar restaurantes para que no hubiera tantos contagios. Entonces de ahí me tocó minimizar los gastos, quedar mal con la renta, con los pagos... limitar tus gastos horriblemente, porque pasamos seis meses sin recibir un quinto”, recuerda “Mila”, como sus compañeros de trabajo llaman a Milagros.
El confinamiento fue una de las primeras medidas que el presidente Carlos Alvarado ordenó para mitigar la pandemia. Los negocios ligados a la gastronomía y el turismo fueron los primeros en sentir los embates de este virus implacable en Costa Rica, un país en el que el turismo es tan clave para su bienandanza como la fuerte inversión social que desde hace décadas lo convirtieron en la excepción de su región, “la Suiza Centroamericana”. La democracia, el Estado de Derecho, la salud y la educación son cuestiones que las y los ticos dan por sentado, en contraste a sus vecinos del norte, golpeados por la pobreza, dictaduras, maras y la corrupción como sine qua non de la cosa pública.
Mila pensó que la cuarentena no sería tan prolongada. Aunque veía que en otros países los confinamientos eran de largo plazo, la verdad es que trataba de darse aliento planteándose una cuarentena corta porque —caprichosa coincidencia— el restaurante para el que trabajaba había cerrado para abrir otra locación en San José, pero el impasse ocurrió en plena llegada de la pandemia. Mientras el nuevo local era acondicionado, ella no recibía salario. El contrato de la camarera fue liquidado y sería renovado hasta la inauguración del nuevo sitio, pero la cuarentena retrasó más de la cuenta la apertura. En ese momento fue cuando los ahorros de Mila se pusieron en modo salvavidas.
“Afortunadamente tenía unos ahorros, pero no hay ahorro que aguante con una niña y pagar renta, servicios y alimentación. ¡En Costa Rica la comida es bien cara!”, se queja Mila.
El relato de Mila encarna las vicisitudes que el coronavirus trajo para la ciudadadanía tica. Primero el desempleo que en 2020 registró niveles históricos. Solo en el primer semestre de ese año, el dato general fue de 12.5%, según los datos de la Encuesta Continua de Empleo. En la actualidad el pico es de 16.5% y afecta especialmente a jóvenes, personas con baja escolaridad y mujeres. Afortunadamente, el restaurante en el que trabaja Mila reabrió, pero con restricciones horarias que varían en dependencia de los picos de contagios de coronavirus. Sin embargo, la situación no ha mejorado para las mujeres en general: en el trimestre que concluyó en julio del 2021, la desocupación femenina es de 24%.
“No creas que ha mejorado mucho, sobre todo para nosotros del sector gastronómico. Operamos con horarios reducidos y la ocupación ha bajado un montón. Es cierto que tenemos un salario, pero el 10% de propinas y ventas que ganábamos extras, y que nos ayudaba demasiado, ahora es muy bajo. Sigo con los gastos reducidos para poder costear la manutención”, detalla Mila. “Y la pandemia sigue y los precios siguen subiendo; no hay trabajo y hay más delincuencia en las calles”.
El Banco Mundial sostiene que los ingresos del 40% de la población disminuyeron un 15% en 2020 en Costa Rica, y se estima que 124.000 personas ahora son pobres, con lo cual la tasa de pobreza se elevó al 13%.
Las quejas ciudadanas se entremezclan con los problemas del gobierno central, en especial ese eterno dolor de cabeza de Costa Rica: el déficit fiscal que apunta directamente a la sostenibilidad de la seguridad social, la educación y el desarrollo humano, un estandarte tico. Es decir, que la Covid-19 no solo trajo nuevos problemas a Costa Rica, sino que agravó los que ya acarreaba como país. Dificultades a la que personas estudiosas, expertos y analistas ya miraban con sospechas de ser estructurales.
“La pandemia ha golpeado a Costa Rica en un momento en el que las fortalezas históricas en cuanto a desarrollo humano son frágiles y vulnerables”, advierte el Estado de la Nación 2020, un compendio de investigaciones académicas sobre la situación del país, que muestra esa evolución de problemas.
Un país en shock
“La pandemia es el shock productivo, fiscal y social potencialmente más grave en la historia moderna del país”. Así describe el Estado de la Nación la Costa Rica trastocada por la pandemia de Covid-19. Los primeros síntomas se hicieron evidentes a partir de marzo de 2020, cuando se registraron importantes caídas en la producción en casi todas las ramas de actividad. Como insiste Mila desde su centro de trabajo poco concurrido un mediodía de finales de septiembre en San José, una de las consecuencias más palpables para la ciudadanía fue la fuerte destrucción de empleos. Estos efectos se dieron en el contexto de la desaceleración económica que el país traía producto de su dilema fiscal.
La pandemia noqueó tanto a Costa Rica que, a mayo de 2020, el nivel de actividad económica —medido por el índice mensual de la actividad económica (IMAE)— indicó que en solo tres meses la economía retrocedió en capacidad productiva alrededor de un quinquenio. Alberto Cortés, catedrático de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR), no titubea en catalogar lo que vive el país del “pura vida” como una “crisis sociopolítica”. La llegada de la pandemia sobre el modelo económico tico se conjugó para una tormenta perfecta.
“La economía costarricense venía con un crecimiento lento ya de previo, porque había aprobado la reforma fiscal, que desaceleró la actividad económica. Eso fue en 2019 y en 2020 empezó la Covid-19. Pero lo que se generó con el coronavirus no tiene parangón. O sea, sólo es comparable con la crisis de 1980, cuando tuvimos un decrecimiento del PIB de más del 5%. En este caso tuvimos un decrecimiento del igual con un aumento de la pobreza y el desempleo a niveles no vistos en estas cuatro décadas”, alerta Cortés.
La reforma fiscal que menciona el catedrático de la UCR es clave. Costa Rica siempre ha tenido una especie de discordancia fiscal: los gastos superan a los ingresos que provienen de la recaudación de tributos. El presupuesto general de la república de 2022 evidencia la distorsión, ya que los impuestos solo cubrirán el 52.8% del total proyectado.
En ese sentido, el gobierno de Carlos Alvarado abrió frentes para nivelar la balanza fiscal. Por ejemplo, a inicios de 2021 el Ejecutivo costarricense negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la aprobación de una agenda de proyectos para aumentar los ingresos y reducir los gastos, a cambio de un crédito de $1.778 millones para equilibrar las finanzas públicas, que para 2022 alcanzará el 74% del Producto Interno Bruto. No obstante, varios de esos proyectos han caducado en la tubería legislativa, en la que el oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) no goza de consenso.
En este punto cabe mencionar que Costa Rica asiste a elecciones generales en febrero de 2022. Muchas medidas tomadas por la administración Alvarado no son respaldadas por los diputados opositores, de modo que el panorama sociopolítico y económico, en medio del shock pandémico, adquiere importancia de primera fila en una campaña electoral inédita: más de 20 agrupaciones con sus respectivos candidatos buscan la presidencia tica.
Al margen del tema político, catedráticos como Alberto Cortés dan luces para que Costa Rica no derive en una situación más complicada. El profesor de la UCR insiste con variar la postura en el tema fiscal y de austeridad en inversión pública.
“Hemos tenido un gobierno que ha seguido una posición muy dura en términos de priorizar la contención del gasto y del déficit fiscal, antes que desarrollar políticas orientadas a la atención de la emergencia de la Covid-19 y ayudas directas a la población que está en una situación crítica, más precaria”, analiza Cortés, uno de los estudiosos más respetados en Costa Rica. “Hay miles de familias desempleadas y pasando situaciones de insuficiencia alimentaria. El Gobierno ha sido muy tajante en la implementación de la regla fiscal y de medidas de contención del gasto que están asociadas. Eso ha hecho que este año, y sobre todo el próximo año, vayamos a tener una contracción importante; un congelamiento de la inversión pública”.
Cortés recomienda que en estos momentos de crisis los Estados deben asumir un rol preponderante para lograr reactivar la economía con “medidas cíclicas”, dentro de las cuales “la inversión pública es fundamental”. “Se ha tenido un énfasis hacia la austeridad económica y sostener eso en época de crisis es una pésima combinación. Para mí es una estrategia equivocada. Países como Estados Unidos han hecho una inyección muy importante de ingresos a la población más afectada por la pandemia, de manera tal que puedan contribuir a generar demanda como factor de reactivación de la economía”, recomienda.
El Estado de la Nación 2020 ofrece una explicación semejante: con una economía desacelerada, una estructura productiva poco encadenada y dependiente (de regiones y sectores específicos), una creciente desigualdad, niveles altos de desempleo y poca generación de oportunidades en el mercado de trabajo, el shock de la pandemia sobre la oferta y la demanda económica se tradujo en un escenario combinado de pérdida de empleos e ingresos y afectación crítica sobre las finanzas públicas.
Todo esto aumentó la vulnerabilidad social en varios frentes y el impacto productivo, fiscal y social inducido por el coronavirus que causó retrocesos en el desarrollo humano del país. Las instituciones del sector social, los recursos dirigidos hacia los programas sociales focalizados de combate a la pobreza y la educación pública sufrieron. A Lina Barrantes, exdirectora de la Fundación Arias para El Progreso Social, le alarma que uno de los principales retrocesos experimentados en lo social es la educación. Según ella, es “gravísimo” porque hay un “rezago enorme”.
“Con la pandemia hemos tenido un año de educación muy mala. Vemos profesores que no están preparados para impartir teleclases, alumnos que no todos tienen conexión, ni equipos adecuados… y eso lleva a la otra cosa: tenemos un enorme problema de desempleo. Pero solo se ve el desempleo sin notar que la educación es el factor de movilización social para evitarlo. Si uno ve las estadísticas, la cantidad de desempleados es gente que no tiene educación”, crítica Barrantes. “Mientras no solucionemos ese origen es más difícil solucionar el segundo, que lleva a empleos informales, sin garantías y de mala calidad. Igualmente tenemos un rezago enorme de infraestructura y eso me parece una calamidad que este gobierno no ha solucionado en lo absoluto”.
En materia de empleo, con la pandemia han surgido “zonas grises” en Costa Rica: la actividad de repartidores de plataformas tecnológicas y la producción de la piña en la zona norte del país, una actividad en la que la subcontratación de algunas labores propias del proceso de producción es una práctica común en la mayoría de empresas y fincas. La principal mano de obra de estos trabajos son nicaragüenses y venezolanos.
Modelo productivo y desigualdad
Una escena común en San José: cientos de jóvenes buscan una cerveza al final de la tarde al salir de los call centers de gigantes tecnológicos como Amazon, que se han instalado en este país donde los estudiantes se gradúan de secundaria hablando inglés. Sin embargo, pese a esta imagen, la pandemia ha acentuado un modelo productivo que necesita un cambio, según expertos consultados para este reportaje. La estructura económica de Costa Rica radica básicamente en el turismo, la agricultura y la exportación de equipos electrónicos y servicios. La fuente de riquezas y empleos de Costa Rica está en aprietos, aunque todavía camina.
La principal dificultad es la articulación de modelo productivo que tiene una gran dependencia de la zona central del país y de pocos sectores, lo cual limita el desarrollo regional y crea una alta vulnerabilidad ante un shock inesperado que afecte su centro neurálgico, según el Estado de la Nación. Pero más allá de que en la zona central de Costa Rica se concentre la mayor parte del parque empresarial y de la dinámica económica, la pandemia de coronavirus plantea otro reto de cara a la virtualidad productiva.
“Hay unas posibilidades enormes de transformación tecnológica de toda la actividad económica y eso no se está haciendo. Entonces también ahí tenés otro problema”, plantea Alberto Cortés, profesor de la UCR. “La gran apuesta que hacen las grandes instituciones que trabajan temas económicos es que debería aprovecharse la crisis de la pandemia para hacer una transformación creativa, y dar un salto cualitativo en la parte tecnológica y sostenibilidad ambiental. O sea, deberíamos avanzar también hacia una economía más sostenible. Pero no está pasando tampoco”, recalcó.
Aunque diferentes, estos tejidos sociales están interconectados. Así que, sin reestructuración productiva ni reactivación económica, el deterioro de algunos servicios públicos persistirá en Costa Rica. El profesor Cortés alerta que esto provoca que el sector público deje de ser “un instrumento de movilidad social, como lo ha sido históricamente”. “Esto no sucede en Centroamérica, pero aquí ha primado la educación, salud sexual, acceso a electricidad, agua potable y telecomunicaciones. Eso ha generado una base de oportunidades mínimas para la gran mayoría de la población, pero que se ha venido deteriorando”, insiste el catedrático.
Por ahora, en la primera recta de la campaña electoral costarricense, el cambio del modelo productivo no está en la discusión política. Los expertos sostienen que de no reestructurar un modelo productivo, difícilmente la economía logre carburar. Esto abre paso a otra arista que también es conocida en Costa Rica, pero que, como repiten los estudiosos, con la pandemia se ha acentuado: la desigualdad.
El Estado de la Nación sostiene que el crecimiento económico no está conectado con la generación de empleo, mientras que la inversión social no compensa las fallas del mercado laboral para resolver los rezagos en pobreza o contener la creciente desigualdad.
Algunos sectores en Costa Rica insisten que parte de la riqueza se acumula en los salarios del sector público. Sin embargo, Alberto Cortés y Lina Barrantes coinciden que la gran concentración de riquezas está en los sectores de mayor capital, cuyos ingresos han aumentado drásticamente; mientras que los salarios de una población menos calificada no han aumentado de manera proporcional: Los beneficiados han sido los dueños de empresas y no el sector asalariado.
Un ejemplo de ello, según el profesor Cortés, es la discrecionalidad con la que operan empresas para imponer precios del mercado. Esta es una de las razones por lo que el costo de la vida en Costa Rica es elevado, pese a que el nivel salarial está por encima de la media centroamericana.
“Son como un cartel... Hay empresas muy grandes que tienen capacidad de definir los precios, no hay competencia y poca regulación de las actividades productivas”, sostiene el catedrático de la UCR. “Tenés el caso de las medicinas que pagan el sobreprecio por excelencia. El lobby farmacéutico incide políticamente para que esto no se modifique. En el caso de la banca igual; vimos las resistencias que había para que se regularan las tasas de intereses que son de las más altas de Centroamérica (…) eso encarece la vida y tenés el otro elemento, existe una clase media a la que se le puede meter el diente”.
El Banco Mundial enfatiza que el desarrollo tico tiene desafíos muy claros: la situación fiscal y una desigualdad persistente. “Estos retos afectan los pilares básicos del modelo de desarrollo costarricense: inclusión, crecimiento y sostenibilidad”, plantea el organismo multilateral.
Una elección de muchas bandas
Mila Rocha no tiene por quién votar en las elecciones generales de febrero próximo, pese que por primera vez en la historia Costa Rica tiene una inusitada oferta de candidatos presidenciales: 27 fórmulas cuyas ideologías oscilan desde el trotskismo hasta la derecha liberal. No obstante, la cantidad precisa de candidaturas presidenciales no se conocerá hasta después del 22 de octubre 2021, cuando se venza el plazo para inscripción de postulaciones ante el Tribunal Supremo Electoral.
“En ese sentido creo que Costa Rica es igual al resto de Latinoamérica: no tenemos un líder en el que nos represente, un candidato en quien confiar. Llevan años aprovechándose de las arcas públicas y por eso no ves en las calles diciendo a alguien: ‘ese es mi candidato’. Nadie cree que alguno de ellos vaya a cambiar las cosas”, dice Mila. Sin embargo, el deseo de un líder fuerte no ha sido una solución para los vecinos países centroamericanos. Aunque la cultura política costarricense siente un respeto profundo por las instituciones, la apuesta por “hombres fuertes” siempre es incierta y peligrosa. La tentación al autoritarismo y el caudillismo siempre es un vicio latente, en especial cuando los políticos centroamericanos son dados al conservadurismo y el nacionalismo.
El reciente mega escándalo de corrupción bautizado “Cochinilla” ha sido un zarpazo para el gobierno de Carlos Alvarado, pero también ha generado un desencanto ciudadano con el sistema democrático. La investigación desplegada en el caso “Cochinilla” ha dejado imágenes inéditas en los noticieros costarricenses, como el allanamiento de la oficina de un asesor presidencial. Una especie de Odebrecht tico que involucra a las dos constructoras más grandes del país. La extensa red de supuestos sobornos a funcionarios incluye hasta servicios sexuales. Aunque la investigación del caso habla bien de un sistema judicial independiente y sólido, “Cochinilla” ha terminado de empeorar la percepción ciudadana.
Aún antes de la pandemia, el Estado de la Nación analiza que en el largo plazo hubo un deterioro en el apoyo ciudadano a la democracia, el debilitamiento de los vínculos de representación de los partidos políticos y una caída en la participación electoral. Lo anterior estuvo asociado a un declive en la confianza ciudadana en las instituciones. Ni el Ejecutivo se salvó. Una muestra de ello es que la administración Alvarado es la cuarta en experimentar más protestas sociales en sus dos primeros años de gobierno y, en los 29 años desde que se tiene registro, y la segunda que de manera sistemática más ha enfrentado bloqueos, huelgas, mítines y marchas.
El abanico de opciones políticas para las presidenciales del seis de febrero próximo deja claro para la exdirectora de la Fundación Arias, Lina Barrantes, que Costa Rica se asoma a una “democracia disfuncional”. Muchos de los candidatos no tienen potencial para ganar, pero se aprovechan de algo llamado “doble postulación”. Es decir, que corren como presidentes y para diputados. “Aunque ellos sepan que no tienen posibilidad de ser presidente, usan los espacios que le dan a los candidatos presidenciales en debates para ver si la gente me conoce y me elige como diputado. Hay varios en doble postulación. Es una charlatanería”, tilda Barrrantes.
Según las encuestas, el viejo Partido de Liberación Nacional (PLN) es la agrupación que tiene más respaldo del padrón popular. Supera el 10% con su candidato presidencial José María Figueres, quien fue titular del Estado entre 1994 y 1998. Por el PAC, el partido oficial, el candidato es Welmer Ramos, un político que se considera “progresista en lo económico y lo social”. Mientras que otro aspirante que prende alarmas por su conservadurismo extremo y popularidad es Fabricio Alvarado, quien en la contienda pasada le disputó muy de cerca la presidencia a Carlos Alvarado, polarizando la discusión electoral con temas como el matrimonio igualitario. Sin embargo, en este contexto expertos sostienen que a la ciudadanía le interesa, ante todo, salir del shock pandémico. Además, la división de los grupos evangélicos hace menos peligroso al candidato del Partido Nueva República.
“La volatilidad de los electores y la incertidumbre del proceso son dos factores ya establecidos en el contexto nacional. Alcanzar el 40% de los votos válidos para un triunfo en primera ronda parece más difícil ahora con la probable repartición del voto entre 25 candidaturas que se presentan obligatoriamente a través de los partidos políticos, dada la prohibición en Costa Rica de la candidatura independiente”, explica el periodista Álvaro Murillo. “Es la ‘municipalización’ de la política. Es lo que ya se ha vivido en el contexto de elecciones de gobiernos locales, con transfuguismos y pérdida de valor de la bandera ante el candidato, junto a una multiplicación de partidos que resultan vehículos imprescindibles para optar por el poder”.
La incertidumbre política que plantean estas elecciones generales pone en vilo a Costa Rica. Sin embargo, la exdirectora de la Fundación Arias espera que el gobierno que resulte electo sea más fuerte que el de Alvarado, sobre todo a nivel legislativo para poder impulsar transformaciones que no sean torpedeadas por razones meramente políticas. “A mí me parece que el primer reto es tener un gobierno fuerte, que tenga un respaldo popular importante. Un presidente que tenga el suficiente carácter para no hacer una mezcolanza como la que hizo el presidente Alvarado, que habló del Gobierno de Unidad Nacional y lo que hizo fue repartir sectores a gente que pensaba muy diferente que él. Eso fue creando inseguridad. Tengo la esperanza de que el próximo gobierno tome medidas que fortalezcan el Estado social y no se le siga debilitando.”, dice Barrantes.
Refugio y exilio en la Costa Rica contemporánea
En Costa Rica hay más de cien mil refugiados/as nicaragüenses que han llegado huyendo de la dictadura de Daniel Ortega a partir de 2018, los cuales se unen a un creciente número de venezolanos/as exiliados también por razones políticas y la miseria en la que el chavismo ha hundido al país caribeño. Es una importante población a la que las autoridades ticas le han abierto las puertas.
El gobierno de Carlos Alvarado junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han creado condiciones para recibir a los refugiados, debido la presión que le meten a un Estado costarricense colapsado por sus propias dificultades. Los refugiados temen que un gobierno que vire más a la derecha podría poner en riesgo su estatus de protección o reavivar —en especial contra nicaragüenses— la xenofobia.
El profesor de la UCR, Alberto Cortés, recuerda que estos nuevos refugiados se unen a la comunidad de más de un millón de nicas que viven en Costa Rica desde hace décadas. Según él, conviene no mezclar la migración laboral con la política. Lo dice porque Costa Rica incluso podría sacarle réditos a esta comunidad refugiada, en el sentido que puedan ser actores de la reactivación económica del país.
“En Costa Rica hay una gran cantidad de actividades productivas, sobre todo agropecuarias, de construcción, trabajo doméstico que no la hace la fuerza de trabajo costarricense ni la quiere hacer. Esa es una fuerza de trabajo que tiene que ser extranjera. Entonces no es casual que haya dinámicas, circuitos migratorios o laborales donde son migrantes los que están ahí. Si no hicieran eso los migrantes, la crisis económica sería mayor”, asegura Cortés.
El catedrático resalta además que los refugiados que llegaron a Costa Rica a partir de 2018 de Nicaragua tienen otro perfil: son más calificados. Tienen estudios universitarios. Sin embargo, a muchos de esos profesionales se les hace difícil insertarse en el mercado laboral tico por muchas restricciones. A los médicos nicaragüenses exiliados se les hace difícil homologar títulos por una serie de trabas burocráticas.
“Si la política económica tuviera reactivación, esta población generaría valor agregado, porque es población en la que Costa Rica no invirtió ni un quinto para que llegaran a tener esa calificación; así que podrían contribuir perfectamente a ese proceso de reactivación económica”, recomienda Cortés.
Aunque los expertos y catedráticos dan una serie de luces para que Costa Rica no colapse, es difícil tener certezas en esta transición electoral. En un país donde la estabilidad democrática ha sido un baluarte, que publicaciones como el Estado de la Nación hable de “retrocesos democráticos” es alarmante, pero a la vez deja un resquicio de esperanza.
“A pesar del alto potencial y del riesgo destructivo del shock externo de la pandemia y de las frágiles condiciones en las que encontró al sistema político, la democracia costarricense ha resistido, por ahora, el vendaval y la delicada situación imperante. Todavía no se ha interrumpido la estabilidad política de la que goza el país. Sin embargo, la profundización de los efectos económicos y sociales negativos de la pandemia crean una situación riesgosa. Es imposible descartar un escenario de turbulencias políticas, originado tanto en el descontento ciudadano como en las estrategias que los diversos actores adopten ante estas difíciles circunstancias. Aunque por el momento está a salvo, la democracia costarricense enfrenta las horas más difíciles que haya padecido en décadas”.